El proyecto de Ley de Gestión de Intereses amenaza la labor de la sociedad civil

La transparencia en los procesos de toma de decisiones públicas es un objetivo legítimo y necesario para fortalecer la democracia. Sin embargo, el proyecto propuesto por el Ejecutivo nacional no va en esa dirección. El texto incorpora mecanismos que restringen la participación ciudadana, debilita la capacidad de incidencia de organizaciones sociales y amplía el control estatal sobre actores que cumplen una función importante en la sociedad.  

Las relaciones entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil son de naturaleza diferente y no pueden regularse como si fueran equivalentes. El contacto entre una empresa y un funcionario en busca de un beneficio regulatorio o directamente económico no es comparable con el trabajo de una organización que promueve derechos, representa intereses de colectivos, expresa demandas sociales o se dedica al control democrático del poder. Equipararlos bajo el mismo régimen de registro, control y sanciones no es neutral: tiene consecuencias políticas serias. 

Las organizaciones de la sociedad civil ya tienen obligaciones de transparencia. Rinden cuentas periódicamente ante los organismos de registro correspondientes, informando sus ingresos, egresos y proyectos. Lejos de ampliar la transparencia, el efecto de una iniciativa de este tipo puede ser el contrario: desalentar la participación de organizaciones pequeñas, reducir la pluralidad de voces presentes en el debate público y fortalecer las desigualdades existentes entre quienes cuentan con mayores recursos y quienes representan intereses colectivos o comunitarios, grupos afectados y sus familias, espacios como centros de estudiantes, iglesias y movimientos sociales. 

El proyecto genera alertas porque, de avanzar, va a limitar las tareas cotidianas de la sociedad civil. El trabajo sobre los problemas públicos implica que las organizaciones que trabajan en derechos humanos o transparencia, que inciden para controlar los poderes, que buscan mejores políticas públicas en educación o salud, o las que se preocupan por el ambiente, entre muchas otras, necesitan reunirse, enviar correos o realizar llamadas con legisladores, con partidos políticos de oposición, o con funcionarios públicos de cualquier orden. Esa posibilidad no es un privilegio: es una condición indispensable para que el control ciudadano y la incidencia en las políticas públicas sean efectivos. 

En el proyecto propuesto, las organizaciones que reciben fondos de la cooperación internacional corren con la posibilidad de que el Estado les exija información extraordinaria invocando conceptos amplios como "seguridad interior" o "interés público". El proyecto las equipara de manera indebida con representantes de intereses extranjeros, lo que reproduce además una lógica que históricamente ha sido utilizada para estigmatizar y restringir el trabajo de la sociedad civil.  La experiencia de países que adoptaron leyes de agente extranjero, en Hungría o Paraguay en nuestra región, muestra cómo estas normas terminan operando como herramientas de control que limitan la capacidad de las organizaciones de actuar con libertad.

Sin límites precisos en la ley y con sanciones penales de hasta tres años de prisión para incumplimientos formales, el margen para un uso arbitrario de esta nueva normativa es considerable. Esa asimetría se agudiza cuando se compara con lo que el proyecto prevé para los funcionarios que incumplan el régimen: apenas una "falta grave".  

Tan grave como el punitivismo, se suma el efecto disuasorio. Si participar en el debate público implica riesgo penal, muchas organizaciones y colectivos organizados van a reducir su actividad o dejar de interactuar con el Estado. No es un escenario hipotético: en distintos países y regiones del mundo se ha observado cómo normas presentadas como herramientas de transparencia terminaron siendo un mecanismo de presión y vigilancia sobre la sociedad civil. Es un patrón que conocemos y que no queremos ver reproducido en nuestro país. 

Este proyecto restringe la participación y la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil, concentra los controles en una autoridad sin independencia y criminaliza errores formales. No fortalece la democracia: la erosiona precisamente donde más importa. 

Organizaciones firmantes:

Amnistía Internacional
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
CELS
Democracia en Red
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)
Fundación Huésped
Fundación Protestante Hora de Obrar
Fundar
Poder Ciudadano
Abogadas y Abogados del NOA en DDHH y Estudios Sociales (ANDHES)
Abuelas de Plaza de Mayo
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos)
CAREF (Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
CIVICUS: Alianza Global para la Participación Ciudadana
Curas Opción por los Pobres
Foro de Periodismo Argentino (FOPEA)
Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA)
Fundación Vía Libre
Fundeps
Greenpeace Argentina
INECIP
TECHO
Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (MNCI-ST)
Fundación 5 sentidos
Abogados por los Pibes
Asociación de Ejecutivos en Desarrollo de Recursos para Organizaciones Sociales (AEDROS)
Agenda de las Mujeres
Amuyen Colectiva Feminista
Asociación de padres y amigos de personas con discapacidad de Eldorado (APADEL)
APDH Regional Tuyu Sur
APDH La Matanza
APDH Mendoza
Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas
Asociación ciudadana por los derechos humanos
Asociación Civil Andar
Asociación Civil Encontrarnos
Asociación Civil La Casa del Encuentro
Asociación Civil Lola Mora
Asociación Civil Memoria Abierta
Asociación Civil Razonar
Asociación Consumidores Responsables
Asociación Contra la Violencia Institucional
Asociación para la promoción de la cultura y el desarrollo
Ayuda y Asistencia a Familiares del Suicida Asociación Civil (AAFASUAC)
Caminos Abiertos
CADE (Campaña Argentina por el derecho a la educación)
Católicas por el Derecho a Decidir Argentina
Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad
Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES)
Centro de Estudios para la Gobernanza
Centro Nueva Tierra
Centro Paulo Freire
Círculo de Políticas Ambientales
CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres)
Colectiva Feminista La Revuelta
Colectivo argentino de Salud Mental
Colectivo Memoria, Verdad y Justicia Florencio Varela
Comisión de Inclusión de Personas con Discapacidad de la Universidad Nacional de Salta (CIPeD)
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos
Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte
Conectando Derechos Asociación Civil
Consciente Colectivo
Consejo Consultivo de Discapacidad
Cooperativa Huvaití de Comunicación
CTA Autónoma Misiones
Derechos Humanos y Diversidad Asociación Civil
Federación de Cooperativas Federadas ltda.
Federación Gráfica Bonaerense
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Federación Junta Unida de Misiones
Foro de salud mental y DDHH San Juan (ASAD)
Foro Latinoamericano por el Derecho Universal a la Salud
Fundación Arkho
Fundación Asociana
Fundación Cambio Democrático
Fundación Emmanuel
Fundación Encuentro
Fundación Espacios Verdes
Fundación GEP
Fundación Horacio González
Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC Argentina)
Fundación Kaleidos
Fundación Mujeres en Igualdad
Fundación Nuestra Mendoza
Fundación Ramseyer
Fundación Red por la Infancia
Fundación TEMAS
FUSA Asociación Civil
GMAF (Grupo de Mujeres de la Argentina Foro de VIH Mujeres y Familia)
Hecho por nosotros
Instituto de Cultura Popular Asociación Civil (INCUPO)
Marea - Género, Artes y Humanidades - Asociación Civil
Mujeres en Tecnología (MeT)
Grupo de Estudios sobre Migraciones, Políticas y Resistencias (MiPRes IIGG UBA)
Museo del Hambre
Ni Una Menos
NUBA Programa de Empleo Inclusivo
Nuestramérica
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Programa Migraciones, Politicas y Desigualdades del CIECS (CONICET/UNC)
Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF)
Red Alto al Tráfico y la Trata 
Red Argentina de Abogacía Comunitaria
Red argentina de Arte y Salud Mental
RED IAMIC Investigadores/as argentinos/as sobre Migraciones Internacionales
Red María Elena Walsh Nuestramérica
Red Nacional de Instructoras e Instructores RISaMC/RISaM
Red Puentes Nuestramérica
Revelar
Sociedad de Escritores y Escritoras de Argentina (SEA)
Servicio Evangélico de Diaconía (SEDI)
The Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center
Tierra Violeta Asociación Civil
Unión de Productores y Productoras Caprinos (UPROC)