Fundación Huésped Prevención, Ciencia y Derechos.
Desde Fundación Huésped celebramos que con fecha 12 de diciembre el Ministerio de Salud de la Nación aprobara la última actualización al “Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo” (Protocolo ILE). Esta actualización incorpora derechos reconocidos en el Código Civil y Comercial de la Nación y se adapta a los avances propuestos por el conocimiento científico y las recomendaciones de organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud.
Un protocolo no modifica la legislación vigente, sino que ordena los mecanismos sanitarios para garantizar el ejercicio del derecho a la interrupción legal del embarazo en los casos previstos por el Código Penal desde 1921. Es un guía técnica que estandariza procedimientos para brindar mejores herramientas para profesionales de salud y garantizar la igualdad de derechos en todo el país.
El protocolo reconoce la posibilidad de la objeción de conciencia, pero establece que esta no puede suponer un obstáculo para el acceso al derecho a la interrupción legal del embarazo. Tal como señaló el Ministro de Salud de la Nación, Dr. Ginés González García, “la objeción de conciencia no puede ser una coartada para no se cumplir la ley”.
En lo referente al cuidado del cuerpo, de acuerdo al Código Civil y Comercial de la Nación aprobado en 2015, a partir de los 16 años la persona gestante es considerada adulta. Entre los 13 y los 16, puede solicitar autónomamente una ILE cuando no implique un grave riesgo para su salud o vida. El accionar debe estar guiado por el principio de autonomía progresiva.
En el caso las víctimas de violación no se debe consultar a la justicia para realizar la ILE. Cuando el embarazo es producto de una violación a una niña o adolescente, debe respetarse su pedido. Frente a una negativa injustificada de progenitores o tutores, debe resolverlo el equipo de salud teniendo en cuenta el interés superior de la niña y su aptitud para decidir en base al desarrollo de su autonomía progresiva.
A partir de la publicación de este protocolo como resolución ministerial, esperamos que las provincias adhieran para garantizar los mejores estándares de atención a sus habitantes de acuerdo a la legislación vigente.
