Fundación Huésped Prevención, Ciencia y Derechos.
Hace tres años, el 9 de mayo de 2012, se aprobaba la Ley de Identidad de Género en Argentina. Un hito en la historia para el reconocimiento de la dignidad y los derechos humanos de las mujeres y hombres trans.
En 2014 Fundación Huésped y ATTTA presentaron un estudio que comprobó que, si bien la población trans se encuentra aún en una situación de vulnerabilidad debido al estigma y la discriminación, la Ley produjo un impacto notoriamente positivo en las condiciones y calidad de vida de las personas trans.
Esta investigación incluyó un estudio cualitativo acerca de las percepciones sobre el impacto de la ley y otro cuantitativo vinculado con las condiciones de vida de las personas trans y el acceso a la salud, la vivienda, la educación y el trabajo.
“Este estudio es importante porque es el primero que investiga las condiciones de vida y el potencial impacto de la Ley de Identidad de Género a nivel nacional. Participaron 498 personas trans (452 mujeres trans y 46 hombres trans) de siete regiones del país: Ciudad de Buenos Aires, Conurbano Bonaerense, Región Pampeana, NOA, NEA y Patagonia”, explicó Inés Arístegui, Coordinadora de Monitoreo y Evaluación de Fundación Huésped.
Marcela Romero, Presidenta de ATTTA, manifestó que “aún hoy 6 de cada 10 personas trans vivieron alguna situación de discriminación social. Esto subraya que los cambios sociales serán más lentos y que tenemos que trabajar en la sensibilización de la población en general. La sanción de la ley es un paso muy importante, pero no resuelve los procesos que subyacen al estigma y la discriminación”.
En el ámbito de la salud se encontró que 7 de cada 10 personas trans se atienden en el sistema público de salud. Según este estudio, 8 de cada 10 personas trans sufrieron situaciones de discriminación en este ámbito debido a su identidad antes de la sanción de la ley. Sin embargo, este número disminuyó a 3 de cada 10 personas luego de la promulgación de la ley.
Si bien casi todas las personas trans asisten o asistieron al sistema de educación formal, la deserción es alta. Entre los mayores de 18 años, 6 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres trans abandonaron en el nivel secundario. La mitad de los encuestados refieren que el motivo fue la discriminación sufrida por su identidad trans. Antes de la promulgación de la ley, 7 de cada 10 personas trans sufrieron discriminación entre pares o bulling; además, 4 de cada 10 personas trans también refieren haber sido discriminadas por directivos y docentes. Luego de la promulgación de la Ley, se observa una reducción en las experiencias de discriminación en el ámbito escolar a menos del 20%. También se observó que 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres trans retornaron al sistema educativo.
La precariedad laboral es una de las características que afecta a la población. La proporción de quienes trabajan en el sistema formal es baja y, como consecuencia, sólo 1 de cada 10 hombres y mujeres trans tiene aportes jubilatorios. El trabajo sexual continúa siendo la salida laboral más frecuente por parte de las mujeres trans. La promulgación de la Ley de Identidad de Género produjo en la población trans la búsqueda de trabajo en el ámbito formal y 3 de cada 10 mujeres y 6 de cada 10 hombres trans retomaron la búsqueda.
Antes de que la Ley de Identidad de Género fuese promulgada, 6 de cada 10 mujeres trans sufrieron abuso verbal, 5 de cada 10 sufrieron abuso físico y 4 de cada 10 sufrieron abuso sexual por parte de las fuerzas de seguridad. Asimismo, 4 de cada 10 hombres trans han sido detenidos por las fuerzas de seguridad en algún momento de su vida, así como 7 de cada 10 mujeres trans, siendo el trabajo sexual la principal causa de detención en estas últimas. Luego de la sanción de la Ley, 1 de cada 10 mujeres trans manifiesta seguir sufriendo violencia por parte de las fuerzas de seguridad.
Por último, se encontró que 5 de cada 10 hombres trans han tenido ideaciones suicidas y 4 de cada 10 de ellos han realizado algún intento de suicidio. Entre las mujeres trans, un tercio tuvo ideaciones o intentos de suicidio. La edad promedio del primer intento es de 13 años en hombres trans y de 16 años en mujeres trans.
Los resultados brindan evidencia que tras la aplicación de la Ley de Identidad de Género, al garantizar los derechos humanos de las personas trans, redunda en mejoras en su calidad de vida, Observándose a un incremento en el acceso a la salud, la educación, el trabajo, al ejercicio de derechos políticos y civiles principalmente.
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