En el Día Internacional de las/os trabajadoras/es sexuales reafirmamos que reconocer el trabajo sexual es reconocer los derechos de quienes lo ejercen.
El trabajo sexual se refiere al intercambio de servicios sexuales a cambio de una remuneración que ocurre entre personas adultas y con consentimiento mutuo. Existe desde tiempos inmemoriales y en todo el mundo. Pero todavía hoy en muchos países es ilícito. Como consecuencia, se desarrolla de manera clandestina.
La elección de un trabajo está condicionada por el lugar que ocupamos en el mercado laboral. Algunas personas pueden elegir su ocupación, su salario y su condiciones laborales. La mayoría se ve obligada a optar entre las posibilidades que existen para garantizar las necesidades básicas. El trabajo sexual es una estas opciones. Mientras persistan las inequidades que hacen que no todas las personas puedan elegir su medio de vida, va a persistir el trabajo sexual. La pregunta es si será legal o clandestino.
La clandestinidad favorece la explotación y expone a quienes ejercen la actividad a la violencia, al abuso y a situaciones que atentan contra su salud; dificulta la posibilidad de contar con políticas efectivas para hacer frente a la trata de personas con fines de explotación sexual; permite la violación de los derechos y deja a las personas indefensas. La clandestinidad, muchas veces, mata.
Reconocer que el trabajo sexual es trabajo es el punto de partida para abordar estas condiciones y para organizar y abogar por ambientes laborales dignos. Cuando el trabajo sexual no se reconoce como trabajo, otros derechos se ven afectados: la falta de acceso a la justicia genera un marco de impunidad frente a la violencia de las fuerzas de seguridad; la falta de acceso al sistema de protección social deja indefensas a las personas en los períodos en los que no pueden trabajar debido al desempleo, la enfermedad, la discapacidad o la vejez; la falta de acceso a las prestaciones de salud expone a las personas a enfermedades.
Desde Fundación Huésped abogamos por un enfoque desde los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual. Creemos que las políticas públicas deben incluir a todas las personas, siempre teniendo en cuenta su autonomía y consentimiento. Entendemos que las condiciones de trabajo decentes, legales y libres de estigma son necesarias para garantizar el acceso a otros derechos como el derecho a la salud.