Son la principal referencia en materia de derechos humanos de personas LGBTIQ y fueron fundamentales para el debate y redacción de la Ley de Identidad de Género de la Argentina.
Establecieron un conjunto de estándares mínimos fundamentales para que los Estados garanticen el cumplimiento de los derechos humanos de las personas LGTBIQ. Fueron presentados en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2007 y luego ratificados por la Comisión Internacional de Jurisprudencia. En 2017 se ampliaron, incluyéndose diez principios más. Hoy totalizan 37 principios y 18 recomendaciones. Todas ellas son obligaciones para los Estados.