Fundación Huésped Prevención, Ciencia y Derechos.
Organizaciones de la Sociedad Civil enviaron una carta al director del Hospital Rivadavia para manifestar su profunda preocupación ante los obstáculos que se intentaron imponer a la práctica de la interrupción legal de un embarazo (ILE) la semana pasada.
El sábado 6 de octubre, tomó estado público una intervención de referentes del movimiento antiderechos que se oponen a la implementación del aborto legal. Este grupo de personas inició acciones legales y se apostó en la puerta del Hospital Rivadavia para impedir que una mujer pudiera acceder al aborto previsto dentro de las causales establecidas en el Código Penal de la Nación (art. 86): peligro para la vida o salud y en caso de violación. Finalmente, y a pesar de los graves obstáculos, la práctica se realizó.
Preocupa especialmente que una persona o grupo de personas tomaran conocimiento de que una paciente accedería a una intervención de ILE (Interrupción Legal del Embarazo) en clara violación al secreto profesional y al derecho a la privacidad.
Las mujeres que soliciten o requieran que se les realice una ILE deben recibir una atención ágil e inmediata, sin intervenciones adicionales innecesarias, sean médicas, administrativas o judiciales. Es en este sentido en el que se inscribe la decisión del Fiscal Daniel Pablovsky de desestimar todo intento de judicialización y freno a la práctica. Corresponde a las instituciones en las cuales se practique disponer todas las medidas necesarias para que el proceso de atención integral sea llevado a cabo.
Las organizaciones Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), la Fundación Huésped, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Poder Ciudadano, la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS) ven con beneplácito que las y los médicos intervinientes hayan garantizado la práctica, de acuerdo a la normativa vigente y a sus obligaciones como profesionales de la salud; y que la mujer haya podido ejercer su derecho.
Finalmente, en la comunicación remitida al director del Hospital General de Agudos “Bernardino Rivadavia”, las organizaciones confían en que la Dirección adoptará todas las medidas institucionales necesarias para evitar que se vuelva a incurrir en violaciones a los derechos de las pacientes, así como al deber de confidencialidad que exponga a las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar a posibles situaciones de acoso o presiones por el ejercicio de un derecho.
