Fundación Huésped Prevención, Ciencia y Derechos.
Junto a un grupo de organizaciones presentamos una carta a la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. El motivo es la marcha atrás en la adhesión al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” (Protocolo ILE), anunciado recientemente por la Provincia de Buenos Aires. El protocolo ILE, elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación en 2015, establece un procedimiento de atención respetuoso de la ley y los estándares de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo F.A.L. de 2012.
El Protocolo ILE es el de mayor alcance en cuanto a garantizar el derecho de las mujeres. Reconoce el derecho a la interrupción legal del embarazo cuando pone en riesgo la vida o la salud (entendida como el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones) de toda persona con capacidad para llevar adelante una gestación. También, cuando es producto de una violación, independientemente de que tenga o no una discapacidad intelectual o psico-social y de que sea perpetrada por alguien de su entorno íntimo, incluido el novio, marido o pareja.
Por último, la resolución ministerial firmada por la Ministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires incorporaba avances respecto del grupo de jóvenes y niñas, de acuerdo con los preceptos establecidos en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que los reconoce como sujetos de derecho con capacidad para tomar las decisiones relativas a su salud sexual y reproductiva de manera informada.
Según el citado fallo F.A.L., el Estado es garante de la administración de la salud de la población argentina y tiene la obligación de poner a disposición de quien solicite la prestación de una ILE las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida, accesible y segura y sin que se interpongan obstáculos médico-burocráticos o judiciales ya que ponen en riesgo la salud de quien requiere la práctica. Desestimar la existencia de un protocolo que garantiza la correcta atención de la población, acorde al respeto sus derechos humanos, va en contra de la Ley y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso, confiamos en que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires ratificará su adhesión en concordancia con la garantía de los derechos de todas las mujeres.
